El director del colegio Juan Pablo II ha presentado un recurso contra la propuesta de sanción de 1.000 euros impuesta por la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo de Cristina Cifuentes la dictó a causa de sus críticas a la ley que impone la ideología de género en los colegios madrileños.

La Fundación Educatio Servanda ha informado de que Manuel Galán, director del colegio Juan Pablo II ya ha presentado alegaciones contra la multa impuesta por la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid.

La Fundación recuerda que colegio recibió la propuesta de sanción contra su director el día antes de comenzar las vacaciones de Navidad, que supone una multa de 1.000 euros por haber criticado las leyes de imposición LGTBI de la Comunidad de Madrid.

La Consejería de Políticas Sociales y Familia se desmarcó así de la inspección realizada por Educación, de la que salió incólume el director y de la opinión de la Fiscalía que archivó las actuaciones por considerar que los hechos no eran en modo alguno constitutivos de infracción.

En el escrito de la Consejería, se propone dicha sanción porque en la carta del director a las familias del centro en el inicio del curso “se muestra contrario a las legislaciones más recientes aprobadas por la Asamblea de Madrid”.

La Consejería también basa la propuesta de multa alegando que “en dicha carta, entre otras manifestaciones, se incluye lo siguiente: Qué dogmatismo acusar de fanatismo a quien piensa diferente; qué despropósito pretender imponer una ley a fuerza de sanciones”, segçun recuerda la Fundaicón Educatio Servanda.

La Comunidad “infringe gravemente el oredenamiento jurídico”

En el escrito de alegaciones, de 46 páginas de extensión más sus anexos, se pone de manifiesto que el centro es un colegio concertado de ideario católico en el que se afirma que su propuesta “no está reservada sólo a los católicos, sino abierta a todos los que comprendiendo y valorando la enorme contribución del humanismo cristiano a nuestra civilización, quieran transmitir a sus hijos estos valores”.

Las alegaciones también destacan “la gravedad de la iniciativa adoptada por la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid” ya que “infringe gravemente el ordenamiento jurídico, en la medida que comporta una violación flagrante de las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 reconoce, así como de las normas de los tratados y convenios Internacionales sobre las mismas materias, precisando más adelante cada uno de los más de quince artículos que se consideran conculcados en la propuesta de sanción”.

Termina el escrito de alegaciones pidiendo a la Consejería que dicte resolución que deje sin efecto la ya acordada.

De igual manera, la Fundación ha lanzado en su web una iniciativa para recoger firmas de apoyo a Carlos Martinez. La asociación HazteOir.org también lanzó una campaña de apoyo al colegio Juan Pablo II.

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